Miércoles 25 de Agosto de 2010, 16:05

"El gobierno sigue avasallando libertades fundamentales a la demo

| La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una Resolución presentada sobre tablas por el bloque del Radicalismo que rechaza el avance del gobierno nacional sobre Papel Prensa, al que consideraron como “abuso de poder que degrada la democracia, atenta contra las libertades públicas y debilita la seguridad jurídica del país”. El Presidente del cuerpo, Jorge Busti, acompañó con su firma la norma aprobada en la sesión ordinaria desarrollada hoy.


Uno de los autores de la iniciativa, el radical Marcelo López, entendió que la situación planteada tras el informe de la Presidente es “gravísima” pues “lesiona derechos fundamentales a la democracia”, y vinculó la ofensiva a una “sucesión de ataques contra la libertad de prensa en la argentina que van en sentido contrario a la democratización del acceso a la información y de la libertad de prensa”. “Justamente -dijo el legislador de la UCR- la democracia nos permite optar entre distintos diarios, hacer valoraciones críticas sobre las líneas editoriales de La Nación o Clarín y, más aún, revisar el papel que cumplieron como medios de comunicación en épocas negras de nuestra historia. Pero hoy está claro que la pretensión de controlarlos a través del manejo discrecional de pautas publicitarias o el suministro del papel va en contra de la libertad de prensa que es vital a la democracia”. El diputado de Concordia subrayó que “no podemos dejar de advertir y de denunciar que el anunciado proyecto de Ley que enviará el gobierno al parlamento para declarar de interés público la fabricación del papel y así poder controlarla, entra en colisión con el Artículo 32º de la Constitución Nacional que establece que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta”, dijo, al tiempo que enfatizó: “Lo peligroso para la libertad de prensa es que el Estado se inmiscuya queriendo controlar insumos que son vitales a su funcionamiento”. Y agregó: “Lo que más duele es cómo desde el gobierno nacional se bastardea y manipula el discurso de los derechos humanos en función de la construcción de un mezquino escenario electoral que favorezca al kirchnerismo; más allá de los vaivenes del gobierno en su relación con Clarín, que fue óptima hasta que se desató el conflicto agropecuario, ya no puede ocultarse la pretensión de dominar el principal insumo de los diarios como es el papel, acallar las voces opositoras e instalar un discurso hegemónico oficial”. Al finalizar su alocución en el recinto, López pidió que “la Cámara se exprese con claridad y contundencia” sobre el tema. Por ello, el texto aprobado resuelve en su artículo 1º “repudiar el manejo ofensivo y arbitrario contra la prensa libre argentina orquestado por el Gobierno Nacional y cuya última acción es el ataque a la prensa gráfica materializada en la embestida contra la empresa papel prensa, dado que representa un autoritario intento de controlar la prensa escrita, vulnera el derecho a la libre expresión y atenta contra los medios de comunicación y la sociedad toda”, mientras que el artículo 2º resuelve notificar a la Presidente Cristina Fernández y a su Ministro de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una Resolución presentada sobre tablas por el bloque del Radicalismo que rechaza el avance del gobierno nacional sobre Papel Prensa, al que consideraron como “abuso de poder que degrada la democracia, atenta contra las libertades públicas y debilita la seguridad jurídica del país”. El Presidente del cuerpo, Jorge Busti, acompañó con su firma la norma aprobada en la sesión ordinaria desarrollada hoy. Uno de los autores de la iniciativa, el radical Marcelo López, entendió que la situación planteada tras el informe de la Presidente es “gravísima” pues “lesiona derechos fundamentales a la democracia”, y vinculó la ofensiva a una “sucesión de ataques contra la libertad de prensa en la argentina que van en sentido contrario a la democratización del acceso a la información y de la libertad de prensa”. “Justamente -dijo el legislador de la UCR- la democracia nos permite optar entre distintos diarios, hacer valoraciones críticas sobre las líneas editoriales de La Nación o Clarín y, más aún, revisar el papel que cumplieron como medios de comunicación en épocas negras de nuestra historia. Pero hoy está claro que la pretensión de controlarlos a través del manejo discrecional de pautas publicitarias o el suministro del papel va en contra de la libertad de prensa que es vital a la democracia”. El diputado de Concordia subrayó que “no podemos dejar de advertir y de denunciar que el anunciado proyecto de Ley que enviará el gobierno al parlamento para declarar de interés público la fabricación del papel y así poder controlarla, entra en colisión con el Artículo 32º de la Constitución Nacional que establece que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta”, dijo, al tiempo que enfatizó: “Lo peligroso para la libertad de prensa es que el Estado se inmiscuya queriendo controlar insumos que son vitales a su funcionamiento”. Y agregó: “Lo que más duele es cómo desde el gobierno nacional se bastardea y manipula el discurso de los derechos humanos en función de la construcción de un mezquino escenario electoral que favorezca al kirchnerismo; más allá de los vaivenes del gobierno en su relación con Clarín, que fue óptima hasta que se desató el conflicto agropecuario, ya no puede ocultarse la pretensión de dominar el principal insumo de los diarios como es el papel, acallar las voces opositoras e instalar un discurso hegemónico oficial”. Al finalizar su alocución en el recinto, López pidió que “la Cámara se exprese con claridad y contundencia” sobre el tema. Por ello, el texto aprobado resuelve en su artículo 1º “repudiar el manejo ofensivo y arbitrario contra la prensa libre argentina orquestado por el Gobierno Nacional y cuya última acción es el ataque a la prensa gráfica materializada en la embestida contra la empresa papel prensa, dado que representa un autoritario intento de controlar la prensa escrita, vulnera el derecho a la libre expresión y atenta contra los medios de comunicación y la sociedad toda”, mientras que el artículo 2º resuelve notificar a la Presidente Cristina Fernández y a su Ministro de Comercio Interior, Guillermo Moreno.