| El extenso documento que dio a conocer el Congreso Radical efectuado este sábado en Diamante, resalta diversos “desaciertos y reiteraciones de errores” del actual gobierno de Jorge Busti, luego de transcurrir 18 meses de administración con “18 meses sin transformación” indica.
El documento comienza calificando al gobierno de Jorge Busti como “mediocre, incapaz de superarse a sí mismo y dar un salto cualitativo que todo hombre público debe dar, toda vez que gobierna esta provincia no por primera, sino por tercera vez”.
Asimismo resalta “el permanente discurso del gobernador Busti de contentarse con pagar los sueldos y jubilaciones al día, con que comiencen las clases y con que haya algunos elementos primarios en los hospitales, marcan el nivel lamentable de expectativas que el propio gobierno se puso desde que asumió y al cual nos quiere someter” indica el documento.
En tercer término destaca que “algunas de las acciones de gobierno que nos criticaron, este gobierno las ha reiterado, como son la implementación del Decreto 218 que provocó que mas de 4 mil personas quedaran fuera de la Administración Pública”.
Misma postura se toma en el escrito con respecto al “intento de derogar la Escuela Intermedia o de frenar la consolidación de la UADER”. En tanto que “se ha vuelto a insistir con el modelo privatizador” como el caso de “la nueva entrega del Frigorífico de Santa Elena a Taselli, el símbolo mas evidente del empresariado menemista y responsable de las muertes en las minas de Río Turbio” expresa.
También se destaca “el 9% de los apremios fiscales que se les ha cobrado a los contribuyentes caídos en mora” en la DGR, como ejemplos de los “desaciertos y repeticiones de errores anteriores” que se “suman al inexistente proyecto de transformación de la provincia” indica el documento.
Por otro lado se menciona como “incierta” la “solución final que el Gobierno le dará a la empresa de energía, cuyo negocio consistió en provatizarla cuando daba ganancias y estatizarla ahora que hay grupos que reclaman deudas fraudulentas cercana a los 1.800 millones e pesos”.
En otro sentido el extenso documento dado a conocer en el Congreso radical, se expresa la continuidad con las “políticas nacionales” como “la aprobación del Financiamiento Ordenado para el pago irrestricto de la deuda externa” o el “Régimen de consolidación de la Deuda con el Estado Nacional y la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
En este mismo ítem el documento incluye “el intento de terminar con el sistema del 82% móvil en la provincia para adecuarlo al régimen nacional de reparto”, que implica “el aumento de la edad jubilatoria y la disminución de los haberes” expresa.
Otro capítulo es el otorgado por el documento del Congreso a la situación de la Obra Social de la provincia, expresando que “mas allá de haberse normalizado la deuda del Estado provincia”, hay “mas de 220 mil entrerrianos que siguen con una pésima atención en la cobertura”.
Además se destaca “la intervención que tiene como único fin cubrir los manejos que se han hecho frente a la falta de acción de organismos de contralor del Estado”.
En este sentido se resalta que “durante la semana se votó en la Cámara de Diputados una nueva prórroga de la intervención, disfrazada de consultas a afiliados”.
Otro aspecto destacable es la situación del Banco de Entre Ríos, el cual “muestra la falta de compromiso para un proyecto de transformación profunda, al no haber insistido el gobierno provincial para que el Banco de Entre Ríos, al menos, siguiera en manos del Banco Nación y no volviera a ser sometido a un proceso de privatización.
De estos análisis el Congreso radical indica que en Entre Ríos “en este año de gobierno no se han querido cambiar tomar ninguna voluntad de avanzar en un proceso de modificación de los problemas de fondo”, por lo que tanto el gobierno en Entre Ríos termina siendo “una administración de la pobreza”.
Al respecto sostiene el documento que “esa administración ni siquiera es tal” en referencia al “bochornoso y triste hecho ocurrido con los alimentos vencidos, algunos entregados y otros lisa y llanamente quemados”; destacando “la permanencia de la Ministra en su cargo y la designación de alguien ajeno al justicialismo para que maneje los programas de ayuda directa”.
Además se destacan “peligrosos avances institucionales” como el caso del “violentamiento de la voluntad popular, como el caso de Hasenkamp y Conscripto Bernardi”.
También el documento destaca el conflicto docente “que ha demostrado que en esta materia no solo no hay voluntad de direccionar el gasto público en el proyecto educativo, sino que no han tenido la capacidad de establecer un parámetro nacional en materia salaria”.
Destaca también el escrito que “en este marco se ha llegado a apelar al control y la persecución frente a las acciones gremiales que la docencia ha realizado”.
Indica en este sentido que “se aprobó una ley de paritarias docentes cuyo responsable de aplicación será el Director de Trabajo, y se dejó de lado la propuesta radical del Instituto de la Paritaria, que fue avalada por los gremios”.
El documento radical destaca el Nuevo Código Tributario, donde se indica que se dejo de lado el proyecto radical “y el peronismo terminó aprobando un impuestazo donde pagarán mas los sectores asalariados y los sectores medios de la producción entrerriana”.
Este aumento recaerá particularmente en “los impuestos a los Sellos, Ingresos Brutos, Marcas, Señales, Guías, Automotor e Inmobiliario Rural y Urbano”.
Por último el documento termina indicando que estas cuestiones consolidan “una sola opción electoral en la provincia” para que “después de las elecciones generales el justicialismo no pueda avanzar con la privatización del juego, los peajes y el aumento de la tarifa eléctrica”.
Respecto a las elecciones del 23 de octubre, el documento indica que el Nuevo Espacio “llevará en sus listas diputados Kirchneristas, o sea diputados que van a engrosar el bloque peronista”.
En este sentido resalta que “el 23 de octubre habrá dos boletas”, la del “oficialismo que gobierna” y la de “la Unión Cívica Radical”.
Dos agregados fueron introducidos al documento radical respecto a la persecución judicial sobre ex funcionarios, sobre los cuales el congresal Redruello mencionó la “plena solidaridad con los correligionarios que son sometidos a una desfile por los estrados judiciales”, situación en la cual se encuentran “el Diputado Nacional Carlos Cecco y el ex gobernador de la provincia, Sergio Montiel”, además de otros funcionarios.
En segundo término se efectuó un segundo agregado en el cual se “repudió el artero golpe de estado de 1966, que provocó el derrocamiento del entonces Presidente de la Nación, don Arturo Humberto Illia” concluye.
Fuente: Ifover
