Viernes 13 de Octubre de 2006, 15:59

"No debe culparse al pueblo por sus movilizaciones"

| El diputado nacional Juan Carlos Lucio Godoy (Concertación Entrerriana) se refirió hoy a la decisión del Banco Mundial de otorgar finalmente los créditos a las pasteras en el Uruguay y a la decisión de la Corte de La Haya y del Tribunal del Mercosur en su momento, al señalar que son todas “consecuencias naturales de los malos procedimientos de los funcionarios argentinos que toleraron las transgresiones de nuestro vecino país al Estatuto del Río Uruguay. Esto que hoy vivimos es un epifenómeno cuyas causas se remontan precisamente a la omisión de los deberes de funcionario publico de quien fue canciller en su momento, Rafael Bielsa, y del actual Vicecanciller Carlos García Moritán, quien fuera presidente de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) mientras se tramitaba la instalación de estas empresas en la zona de Fray Bentos”.

El Diputado Godoy aseguró que “por culpa del acuerdo entre Bielsa y el ex canciller Opperti suscripto el 2 de marzo del año 2004 se convalidó el avance para estas construcciones, e incluso se realizó uno de los trabajos más relevantes que consolidan esta contumacia. El estudio de impacto ambiental en zona de plantas celulosicas (llamado Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental en Áreas de Plantas Celulosicas) fue el trabajo que realizo la CARU entre marzo y noviembre del 2004 para permitir en definitiva el avance en tres etapas de estas empresas. Esto fue ratificado por el Canciller Bielsa en la Cámara de Diputados de la Nación cuando aseguró que se había resuelto la controversia con el Uruguay gracias al acuerdo al que habían arribado para que, en función de esta tres etapas, se fuera cumplimentando con el proceso de instalación de las pasteras sobre este río limítrofe”. En el mismo sentido, el diputado de la Concertación recordó que “siempre sostuvimos esto, tenemos toda la documentación que avala estos dichos y que nunca fueron negados, y que hacen responsable fundamentalmente a la Cancillería Argentina, respaldada por el Gobierno entrerriano, con sus miembros avalados en la CARU y seguramente a algún funcionario o hasta el mismo nivel presidencial que convalidó, por acción o por omisión, estas tareas. Es probable que si existiera un juicio a estos funcionarios serían condenados por esta omisión de los deberes de funcionario público por no respetar los procesos establecidos por la ley que rige el funcionamiento del Río Uruguay, tanto en los aspectos referidos al dragado como a la contaminación”. “Por esto es que nunca más hay que confundir las adhesiones políticas partidarias con las responsabilidades que cada uno tiene cuando gobierna. En Entre Ríos hay muchos cómplices de esta situación que estamos viviendo y en su momento será necesario que esos nombres se digan públicamente, de la misma manera que hay responsables en el Uruguay”, aseguró Godoy. Y agregó: “Por todo ello es insólito que hoy quienes avalaron los cortes como el Gobernador Busti y el Gobierno de la Nación digan que están en contra. Primero deberían hacer un mea culpa, pedir perdón a la sociedad gualegaychuense por todo el daño que le están causando y más de algún funcionario debería renunciar, como hace la gente honorable cuando comete equivocaciones que ponen en juego las vidas humanas. Es insólito que además sigamos viviendo en un país en donde los responsables de los males a la sociedad ahora culpen al pueblo por sus movilizaciones y no tengan ninguna sanción por sus responsabilidades”. “Hoy más que nunca es necesaria la manifestación popular que fue lo único que en su momento se escuchó en el mundo y será siempre lo único que permitirá seguir denunciando cómo el norte aplasta al sur mandándonos la contaminación a nosotros para mantener su desarrollo. Vieja historia que lamentablemente fue descubierta por algunos argentinos hace pocos meses”, concluyó Godoy.