"No somos una democracia plebiscitaria, somos una repúblic

El documento refrendado por Graciela Pioli, Gabriela Lena, Pablo Ava, Jorge Pioli y José Antonio Artusi fue dado a publicidad hoy y se agrega a la lista de opositores que tiene la inicativa impulsada por el oficialismo. "Una reforma constitucional es un hecho político extraordinario en la vida de una provincia; que como tal debería ser discutida ampliamente por toda la comunidad sin exclusiones de ninguna naturaleza, y las decisiones a las que se arribe deberían estar respaldadas por un vigoroso y generalizado consenso, pues la Constitución provincial es un patrimonio común de todos los entrerrianos, que no debe ser manipulado en función de intereses personales, ni de un gobierno, ni de un partido. En las últimas semanas, tanto el Sr. Gobernador como distintos miembros de su administración y del partido oficialista, han impulsado ansiosa y obsesivamente - como si no tuvieran otros problemas que atender - la idea de la necesidad imperiosa e inmediata de la reforma de la Constitución de la provincia, llegando incluso a anunciar la realización de una consulta popular respecto de esta cuestión, como modo de presionar a los partidos de oposición, y a quienes legítimamente piensan distinto, con la presunta fuerza disuasiva que tendría un resultado favorable de la consulta. La verdadera razón de tanto empeño se ha puesto - de una manera u otra - claramente de manifiesto: se trata de asegurar la continuidad en el poder del gobernador en ejercicio, mediante la posibilidad de su reelección; a pesar de las explícitas declaraciones en sentido contrario que el Sr. Gobernador expresó reiteradamente el año pasado. No es ésta la manera adecuada de transitar el proceso constituyente; aún cuando estuvieran presentes condiciones de oportunidad que hoy no se aprecian. El consenso debe obtenerse de manera genuina y por medio del libre intercambio de ideas; no es conducente fabricar un falso consenso, hueco de contenido e impuesto a los empellones. La realización de la anunciada consulta popular no sólo resultaría insustancial respecto de los objetivos buscados - pues nunca podría sustituir los mecanismos previstos en la Constitución vigente - sino que, más grave aún, aumentaría el disenso y exacerbaría falsos antagonismos, ante la polarización que se produciría en esta suerte de plebiscito en torno de la figura del gobernador. No somos una democracia plebiscitaria, somos una república, democrática y constitucional. El sistema constitucional prevé el mecanismo de reforma, y este mecanismo no es la atropellada de una posible, pero dudosa y seguramente inducida, mayoría circunstancial. Por otra parte, debería tenerse muy en claro - y no se tiene - qué se quiere modificar y con qué finalidad; además del obvio afán reeleccionista. La intención gubernamental de incorporar la reelección sin un mandato intermedio tendría por efecto afianzar el personalismo del sistema, aumentando los riesgos de la hegemonía y de los desbordes del poder. Cabe señalar que no por capricho, sino para evitar este peligro, fue que tanto en la sabia y progresista Constitución nacional de 1853 como en la mayoría de los sistemas presidenciales de América Latina se había prohibido la reelección; en algunos casos de modo absoluto. La reforma necesaria será aquella que despersonalice y descentralice el poder, que flexibilice la rigidez del Poder Ejecutivo, que vigorice el rol de la Legislatura, que asegure la independencia de la Justicia, que restaure los controles al poder y que redefina en sentido federal y autonomista las relaciones de la provincia con la Nación y con los municipios. Un régimen político que no busque líderes forzados, ni requiera de hombres tocados por la providencia, sino que estimule los acuerdos entre los entrerrianos, que privilegie la racionalidad y la solidaridad en las decisiones políticas, para que éstas puedan tener legitimidad, previsibilidad, y estabilidad. Para que la nueva Constitución no se transforme luego en "letra muerta", como lamentablemente sucede con tantas disposiciones de la Constitución nacional reformada en 1994. De todas maneras, hoy la prioridad no es reformar la Constitución, sino cumplirla; y gobernar de manera que la libertad, la estabilidad política, el progreso social, y el desarrollo económico generen mañana las condiciones para una reforma para todos los entrerrianos en el siglo XXI. Debe quedar absolutamente claro que no existe disposición alguna en la Constitución vigente que trabe la modernización y el logro de un marco de mayor justicia e igualdad. Las visionarias cláusulas de la Constitución de 1933 no sólo han permitido sino que han impulsado y han sido la clave del progreso de la provincia en distintos momentos de su historia. Si en el pasado no se respetaron los derechos humanos, se alteró el equilibro de los poderes, y se interrumpió el funcionamiento regular de las instituciones, no fue por defecto de las normas constitucionales sino porque no se las cumplió. Un gobierno con clara vocación de poder hegemónico, que persigue como casi única reivindicación la claúsula que permitiría la reelección, que ni bien accedió al poder se dedicó sistemáticamente a desmantelar mecanismos de control; no da las más mínimas garantías para un diálogo serio y responsable que permita abonar el camino de la reforma. En estas condiciones - cuando la sociedad entrerriana tiene otras prioridades y otras angustias, que pasan por la pobreza, la indigencia, la exclusión social, la devaluación del salario, la pérdida de rentabilidad del campo, la crisis educativa, la inseguridad, el deterioro de la salud pública - es obvio que no debe dilapidarse tiempo, esfuerzo, ni dinero, en inútiles y fraudulentos mecanismos que pretenden vanamente exhibirse como ejercicios de participación ciudadana. Hubiera sido interesante que este súbito e hipócrita interés del gobierno por la participación ciudadana se hubiera puesto en práctica a la hora de entregar herramientas fundamentales para los entrerrianos como el Banco de Entre Ríos y EPEER. Seguramente, en tal caso, de haberse consultado al pueblo de manera clara y transparente, se podría haber evitado la desastrosa privatización de estas empresas; cuyas gravosas consecuencias para el pueblo entrerriano hoy seguimos lamentando. La reforma y la reelección sólo le interesan al gobierno. Y pareciera que al gobierno sólo le interesa la reforma con reelección. Sería bueno que dedicaran el tiempo, esfuerzo y recursos que les demanda esta cuestión a solucionar los verdaderos problemas de los entrerrianos", concluyen.