Lunes 25 de Junio de 2007, 14:52

"Responsabilidad, transparencia y equilibrio financiero"

| El período de transición que hoy vive la provincia de Entre Ríos fue tema de la reunión de gabinete que encabezó esta mañana el gobernador Jorge Busti en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno. También se trató la adhesión a la ley nacional de Discapacidad y el lanzamiento de la campaña de atención a ancianos en situación de abandono.


El gobernador Jorge Busti fue quien se refirió al tema de la transición de Gobierno en la provincia de Entre Ríos, ratificando que se realizará en un clima de “responsabilidad, transparencia y equilibrio financiero”. Luego de realizar un análisis de las elecciones realizadas ayer en la ciudad de Buenos Aires y en Tierra del Fuego, el primer mandatario entrerriano habló de los seis meses que restan para finalizar su gestión y de las condiciones en que entregará el Gobierno a quien lo sucederá a partir del 11 de diciembre, Sergio Urribarri. En este marco, el titular del Ejecutivo entrerriano aseguró que “no vamos a rifar la provincia porque estemos terminando nuestro mandato. Sería muy fácil a partir de ahora dar aumentos salariales y realizar inversiones que compliquen al futuro Gobierno”, dijo Busti antes de ratificar que “seguiremos trabajando en forma responsable, transparente y bajo un estricto equilibrio fiscal. Vamos a seguir siendo esclavos de nuestro presupuesto y no vamos a tomar ninguna medida que salga del rumbo que hemos llevado hasta ahora”. Busti hizo notar que tanto el gobernador electo, Sergio Urribarri, como el vicegobernador electo, Eduardo Lauritto, están al tanto de los números de la provincia y de la situación financiera provincial. En comparación con ello, el mandatario recordó que “cuando nosotros asumimos no sabíamos cuáles eran las cifras que se debían, con qué recursos se contaba ni en qué condiciones exactas se encontraba Entre Ríos. Si bien sabíamos que la deuda que debíamos afrontar era abultada, nadie nos dio los números de primera mano como sucede ahora”. [b]Ley Nacional de la Discapacidad[/b] En tanto, la directora del Instituto Provincial de la Discapacidad, Cristina Cremer, reveló que el Gobierno entrerriano se adherirá al la Ley 24.901, razón por la cual “el Poder Ejecutivo elevará la solicitud a la Legislatura, para comenzar a trabajar en la firma del convenio respectivo”. En este marco, Cremer hizo alusión a los pedidos permanentes que recibe el Instituto por parte de todas las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que trabajan por las personas especiales para que Entre Ríos se adhiera a la Ley 24.901. “Desde nuestro organismo explicamos los motivos por los cuales esta provincia no estaba en posibilidades de adherirse e intentamos llevar adelante algunos proyectos de ley que no satisfacían las inquietudes de estas entidades”, reconoció la funcionaria, antes de revelar que por esta razón y, atenta a las solicitudes planteadas, le requirió al gobernador la adhesión del Gobierno provincial a la ley de prestaciones básicas, de acuerdo a un convenio con el directorio del sistema de prestaciones. [b]Campaña para atención de ancianos[/b] Por su parte, el ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet, se refirió en la reunión de gabinete a la campaña para la atención de ancianos que pondrá en marcha el Gobierno provincial. En ese sentido, precisó que “por disposición del gobernador Busti decidimos lanzar una campaña para la captación e inclusión de personas de la tercera edad que tengan problemas sociales y de salud”, con la intención de “integrarlas a través de los distintos programas con los que hoy cuenta el Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia, en una acción conjunta con el Gobierno nacional, con los municipios, con otros entes nacionales, como el PAMI y con organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en esa temática, como por ejemplo los hogares de ancianos de gestión privada y centros de jubilados”. “La captación de esas personas es la dificultad que tenemos, porque los recursos existen”, continuó diciendo el funcionario, al tiempo que indicó que también cuentan con “toda la mecánica para poder incluir a este grupo etáreo”. Luego afirmó que “con el esfuerzo en conjunto entre municipios, ONGs y el Estado provincial, en muy corto plazo podremos hacer una campaña muy efectiva”. Consultado sobre la atención que se brindará a esos ancianos necesitados, detalló que “le daremos contención social para paliar las dificultades más urgentes que puedan tener y una solución provisional, al incluirlos en regímenes de pensiones nacionales o provinciales, y de salud”, ya sea por enfermedades físicas o mentales. Una de las ideas que se analiza por estas horas es la creación de hogares de día en algunos hospitales, como por ejemplo el Felipe Heras de Concordia, para atender a ancianos indigentes. “De esta manera, se pone en práctica en la provincia la ley 24.901”, refirió Cremer, antes de mencionar que “queremos un salto cualitativo, aunque nos falta mucho camino por transitar”. De inmediato, remarcó que “nos estamos preparando desde hace más de un año para esto”. El trámite continúa ahora con la elevación del petitorio por parte del Poder Ejecutivo al Legislativo para que comience a trabajar en la adhesión a la ley, que incluirá a todas las personas especiales, con el objetivo de continuar trabajando en la inclusión escolar, la integración social, deportiva, cultural y laboral. En cuanto a este último punto, la funcionaria hizo hincapié en la necesidad de se cumplan con los cupos que establecen las leyes, que es una de nuestras grandes preocupaciones. “El objetivo último es, en todo caso, que toda la comunidad se haga más sensible a estas situaciones, debido a que, más allá de que el Estado ponga a disposición de todas las personas las estructuras del Gobierno, es imprescindible que la comunidad tome conciencia de los problemas que sufren las personas con discapacidad”, reflexionó Cremer. Más adelante, insistió en que “el mensaje sigue siendo el mismo” y que “estamos dando un salto cualitativo”. Tras advertir que “va a ser un tema conflictivo y polémico”, Cremer sostuvo que antes de finalizar su gestión al frente del organismo quiere dejar “un Instituto consolidado, que no sufra los vaivenes de los cambios de Gobierno”. Acerca de la adhesión a la ley, la funcionaria dio cuenta de que permitirá a las personas con discapacidad que, mediante un certificado nacional, las mutuales cumplan con los servicios que necesitan.