| El gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Guillermo Guastavino, como ciudadanos entrerrianos, convocan a las organizaciones ambientalistas argentinas y uruguayas a sumarse a la petición en contra del Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos.
“Por primera vez las máximas autoridades de un Gobierno dejan sus cargos para demandar como personas físicas en representación de los intereses de la comunidad”, explicó al respecto el especialista en derecho internacional, Juan Carlos Vega.
Lo que se demandará - refirió el especialista - es la conducta del Estado uruguayo violatoria de la legalidad supranacional, que violará el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, contemplados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana; y el Protocolo de San Salvador; y puede llegar a violar el derecho del hábitat del planeta tierra si se llega a comprobar la posibilidad de alta contaminación del acuífero Guaraní.
El profesional acompañó al gobernador y al vicegobernador en una conferencia que tuvo lugar este domingo en la Casa Gris, y que contó con la presencia además de la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, y el director de Medio Ambiente, Gabriel Moguilner.
Oficialmente se anunció además que en forma paralela a la demanda que harán Busti y Guastavino contra el Uruguay, se sumará la presentación de medidas cautelares ante el ombusman en Derechos Humanos y Ambientales del Banco Mundial.
Esta medida “sería para las empresas lo más doloroso, y lo más eficaz para nosotros, porque estaríamos cortando el circuito financiero para impedir que continúen con la construcción de una de las plantas en la costa oriental del Uruguay”, aclaró el especialista.
Asimismo, el Gobierno requerirá otra investigación, en este caso, por el Acuífero Guaraní, ya que se estima que las fábricas de pasta de celulosa a instalarse en Uruguay demandarán alrededor de cuatro millones y medio de toneladas de plantaciones por año. Se trata de plantas de crecimiento rápido y genéticamente modificadas que utilizan fuertes pesticidas y herbicidas, y que están en la zona de recarga del Acuífero.
Técnicamente la presentación que el gobernador y el vice harán ante el organismo internacional, será una petición - denuncia en contra del Uruguay por violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. En rigor, el Gobierno como tal como no puede realizar una petición de estas características ante ese organismo internacional, razón por la cual serán los ciudadanos Busti y Guastavino quienes lo hagan.
“Ante la juridicción supranacional de Derechos Humanos no pueden comparecer personas jurídicas ni funcionarios públicos, ya que se trata de una jurisdicción que defiende a los ciudadanos frente a la prepotencia de poder de los Estados”, indicó Vega.
En este sentido, Vega aclaró que el Estado vecino tendrá la oportunidad de defenderse, y la Comisión Interamericana tendrá el derecho de declarar como admisible o no esta petición, al tiempo que precisó que el organismo internacional está integrado por siete personas que juzga la conducta de 34 estados. No obstante, el profesor aclaró que este tribunal internacional razona “mitad en derecho y mitad en política”, es decir, “hay una serie de elementos que van a jugar en el tema”.
En otro orden, el especialista hizo referencia a la solidez técnica del análisis jurídico para decir que “está fundada en diversas fuentes”. Al respecto, mencionó un dictamen de la cátedra de geología hídrica de la Universidad Nacional de Córdoba, los informes técnicos sobre la contaminación por agua, aire y suelo están proporcionados por el Gobierno entrerriano en base a datos de Uruguay y Finlandia.
A ello, Vega agregó informes sobre las consecuencias sobre la salud, y la falta de respuesta a las intimaciones que Guastavino le hizo a las empresas, donde se les pregunta sobre un formulario técnico con 17 preguntas que no responden. “Esta conducta, en términos de la legalidad supranacional, artículo 39 de la Convención, es una presunción de la veracidad de nuestra postura”, aclaró.
En tanto, la fiscal de Estado aclaró que a la presentación de esta demanda se pueden sumar las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema. Por ello, “esta semana se pondrá a disposición de las organizaciones ambientalistas entrerrianas y uruguayas, el material necesario para que se sumen a esta presentación”, explicó Mizawak.
Fuente: AIM.
