REFINANCIARÁN DEUDAS EN DÓLARES DE MUNICIPIOS

La idea está contenida es un proyecto de ley de Financiamiento Provincial en el cual está trabajando el Poder Ejecutivo para elevar a la Legislatura, según reveló la directora de Relaciones con los Municipios, María de los Angeles Petit. “La reprogramación de la deuda permitirá prever los vencimientos para los próximos años y especialmente, permitir a estos municipios volver al sistema de créditos o subpréstamos para invertir en maquinarias, obras públicas y modernización administrativa”, aseguró la funcionaria, antes de hacer saber que “hoy ellos no pueden tomar nuevos préstamos ya que la deuda es de tal magnitud que en la mayoría de los casos no les permite cumplir con los objetivos marcados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo cual repercute en las inversiones a realizar. Los préstamos en cuestión son aquellos correspondientes al Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (PRODISM) que se tomaron en dólares antes de la devaluación del año 2001. “Desde el inicio de esta gestión nos ocupamos del tema, analizamos la deuda con los 40 municipios incluidos en este programa y se otorgaron financiaciones acordes con los ingresos de cada uno”, explicó Petit. Luego, en el año 2004 “solicitamos a la Nación la refinanciación general del programa hasta el año 2015, ya que originalmente vencía en el año 2010, lo que nos fue concedido en una Resolución del Ministerio de Economía de la Nación el mes pasado”, comentó la funcionaria, antes de mencionar que - en forma paralela e instruidos por el gobernador - “estamos trabajando sobre un proyecto de Ley de Financiamiento Provincial”. Al respecto, Petit consideró oportuno aclarar que la adhesión a esta norma “será absolutamente voluntaria” y que “la decisión la tomará cada municipio de acuerdo al análisis que haga en relación a los ingresos, a la deuda proyectada y al momento en que termina el convenio de ellos firmaron. La funcionaria dijo esto en función de que “hay muchos acuerdos que comienzan a transitar su última etapa en 2006 o 2007”, es decir, “a algunos municipios les convendrá adherirse al financiamiento que proponemos y a otros seguir con el ritmo de pago mensual que están realizando”. Cabe señalar que, mediante esta norma, será el Gobierno el que refinanciará a los municipios los vencimientos adeudados al año 2006, haciéndose cargo la provincia de esa deuda que será consolidada en pesos y se abonará en cuotas fijas en un plazo máximo de siete años. Los vencimientos futuros, por su parte, se incluirán en la prórroga otorgada por la Nación, para lo cual se deberán suscribir nuevos convenios. Son 41 los municipios que tomaron préstamos en dólares antes de la devaluación de 2001, en el marco del Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (PRODISM). De ese total, 16 presentaron medidas judiciales, tal es caso de Basavilbaso, General Galarza, Gualeguaychú, Herrera, Lucas González, Nogoyá, San José, San Justo, San Salvador, Victoria, Villa Clara, Villa del Rosario, Villa Elisa, Villa Mantero, Villa Paranacito y Villaguay. Los que no presentaron medidas judiciales fueron: Alcaraz, Bovril, Ceibas, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Crespo, Diamante, Federal, Mansilla, Gualeguay, Hasemkamp, Ibicuy, La Paz, Macia, María Grande, Paraná, Piedras Blancas, Pronunciamiento, Rosario del Tala, Seguí, Santa Ana, Ubajay y Viale. [b]Deudas con organismos provinciales[/b] En cuanto a las deudas públicas que los municipios mantenían con los diferentes organismos provinciales, como la Caja de Jubilaciones, Iosper , Ley 3011, y Dirección General de Rentas, “se otorgaron planes de pago a todos los municipios con la única reserva de que dichos planes fueran finalizados en diciembre de 2007”, precisó Petit, al tiempo que aseguró que “al final de esta gestión, la relación económica de los municipios con los organismos provinciales estará totalmente regularizada, lo que permitirá planificar los próximos años con más previsibilidad”. [b]Embargos[/b] Otra es la situación de “aquellos municipios que están sufriendo el embargo sobre fondos de coparticipación y lo que más nos preocupa, sobre las cuentas corrientes municipales”, explicó la funcionaria. Estos embargos, en su mayoría por honorarios adeudados a profesionales, causan un gran perjuicio a los agentes municipales y a los vecinos, ya que el municipio en esta situación no puede hacer frente a sus compromisos o brindar servicios públicos esenciales. “En virtud de ello, en el año 2004 la Nación aprobó una Ley de Inembargabilidad de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales, pero que generalmente no es tomada en cuenta por los jueces locales que emiten sentencias con diferentes criterios”, refirió. Por eso, “solicitamos a la Fiscalía de Estado que presente al Superior Tribunal de Justicia una acción declarativa para que se establezca claramente el derecho a aplicar”, comentó la funcionaria, no sin antes remarcar que “éste es un tema muy preocupante, y nosotros entendemos que los jueces deben considerar principalmente la función del municipio y el perjuicio que causan a toda una comunidad que se ve menoscabada en sus derechos”. Luego, puso de relieve que en los casos de Villaguay, Santa Elena o San Benito, el Gobierno provincial adelantó fondos de coparticipación para que puedan seguir funcionando y pagando los sueldos a sus agentes. Por otro lado, estamos conversando con algunos diputados para incluir algún artículo que contemple restricciones a estas ejecuciones en el proyecto de reforma del Código de Procedimientos Civil y Comercial que está en la Cámara de Diputados.