| Lo dispuso el Poder Ejecutivo Provincial mediante decreto 1788 firmado hoy. La intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia será por un plazo máximo de 6 meses que comienzan a correr hoy, plazo en el cual deberá llamarse a elecciones para normalizar su funcionamiento. Se dispuso además la realización de auditorias.
En el decreto se concretara la designación del Dr. Miguel Ángel Sampietro, quién hasta hoy se desempeñaba como auditor del Tribunal de Cuentas en el Instituto, al frente de la interveción. El plazo máximo que tendrá Sampietro al frente de la obra social será de seis meses, lapso en el cual tendrá que llamar a elecciones para que los agrupamientos en los que fue dividido el espectro de representaciones del IOSPER (empleados del Instituto, Docentes, Judiciales y Legislativos, Municipales, Policías, Jubilados y Activos del Poder Ejecutivo,) designen a sus delegados.
El decreto establece que los actuales directores permanecerán con sus funciones “consultivas”, sin aclarar los alcances reales de esta facultad, y además la concreción de auditorias en los aspectos financieros, administrativos, contables, presupuestarios y legales, para los cuales establece un plazo de 30 días, que estarán a cargo de la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas.
Las razones que motivaron la intervención eran las que fueron tomando estado público desde hace un par de meses: “La existencia de graves irregularidades en el funcionamiento institucional administrativo así como el desfinanciamiento progresivo del ente”, menciona el decreto, que además resalta “falta de conducción y pasividad en el accionar del Directorio”, que obstaculizan el funcionamiento del IOSPER.
El Gobierno toma la drástica determinación en base al informe dictado por la Comisión Fiscalizadora Permanente (que conducía hasta hoy precisamente Sampietro, el designado interventor) y que ésta enviara al Ejecutivo, donde se señala:
•Atraso en el tratamiento de expedientes.
•Falta de correspondencia entre las decisiones y las ratificaciones a través de las actas de Directorio.
•No convocatoria a reuniones de Directorio con la periodicidad adecuada, y que este “no genera pautas y objetivos claros”, además de la ausencia “reiterada o injustificada” de algunos de sus miembros.
•Los pedidos de informe de la Comisión fiscalizadora fueron respondidos “parcialmente”.
Asimismo, el decreto del Ejecutivo se hace eco de los informes de los gerentes de Prestaciones y Administrativos (Adrián Gómez y Luis Borré, respectivamente), que señalan que “la indefinición de los principales convenios impide evaluar la actual situación de la obra social y la real magnitud del déficit”, señala la norma. Sobre esta base, considera el Gobierno que “existe una probable imposibilidad de contener y/o controlar el déficit en un corto plazo” y por lo tanto “de afrontar los compromisos contractuales asumidos”.
Sobre la base de las irregularidades administrativas y técnicas, el Ejecutivo evaluó que la intervención podría “evitar la ocurrencia de serios perjuicios al erario (público), con la consiguiente insatisfacción de necesidades asistenciales de los afiliados”.
Fuente: APF
