Santa Elena, entre la dádiva y la patota

¿Cuánto robó en expectativas y en dinero y en futuro este gobierno provincial en sus tres gestiones y particularmente en ésta? Una banda que se anima a colocar a Emilio Castrillón en la cúspide del Poder Judicial y a sostener y alentar a patoteros bien pagos en medios de comunicación para desgastar a ciudadanos con insultos, agravios, ultrajes, ¿dónde y cuándo pondrá freno a tanta arbitrariedad? El poder ha querido desgastar hasta lo indecible al periodismo crítico en Santa Elena, ha querido volver loco a un periodista para declararlo insano y encerrarlo en un manicomio. Las torturas psicológicas que sufre Carlos Furman son propias de una dictadura y los profesionales tendrán que explicar cómo tantas presiones y tanta soledad no lo han quebrado ya. ¿Cómo se haría Carlos Furman de una novia, por caso, si el poder político paga patoteros para que al día siguiente le digan en la calle y por radio que es puta, que su padre es ladrón, que se acuesta con su patrón, que su novio es cornudo y el vecino falopero? ¿Cómo caminar por la calle con una chica, si los patoteros del gobierno le gritarán judío hijo de puta, te vamos a hacer boleta, y le desparramarán panfletos con la cruz svástica y la consigna Muerte a Calos Furman? En Entre Ríos la patota manda. El Estado está organizado en Entre Ríos para desgastar al adversario sin reparar en medios. Así funciona en Paraná, el mayor de los patoteros mediáticos tiene diálogo fluido con el líder, el líder le da letra. Y más grave todavía es en Santa Elena porque las víctimas no encuentran amparo. Difamar, apretar, amenazar, meter miedo. Gremialistas, docentes, estatales, piqueteros, campesinos, colonos, cooperativistas, vecinos comunes, profesionales, quién no ha estado en boca de los parásitos del poder en Santa Elena. ¿Y cuál será el límite para un capanga ensoberbecido que dictaminó que Domingo Rossi, condenado por robarle plata al pueblo pobre, siga violando? [b]Condena firme y farsa[/b] La sociedad debe organizarse para que los Rossi no sigan. Cada día aumenta el peligro. Su gobierno es ilegítimo por abusar del poder. Y sólo puede ser considerado “legal” en una farsa, porque sus amigos sancionaron una ley hecha con nombre y apellido para permitir que continúe en su función, aún condenado. Los periodistas escuchamos azorados los métodos usados por el despotismo en Santa Elena para vencer las resistencias. No alcanza el espacio para contar cómo mete miedo en el centro de salud, el hospital, el club, la policía departamental, el comercio, las organizaciones barriales o políticas. Un vecino que perdió el plan social porque el caudillo lo vio en una foto cerca de un cartel de protesta. Otro que no va al hospital porque un puntero político de Rossi lo destrata por opositor. Comerciantes perseguidos con inspectores por dar publicidad a un periodista independiente... Frente a esto, cuando se han comprobado las denuncias por enriquecimiento ilícito y los jueces amigos parecen buscar el modo de darle una manito, la condena a prisión y la continuidad de sus políticas punteriles sostenida sobre la alcahuetería como norma, obligan a replantear la mirada sobre esta estructura política, que ha sido creada por el poder para sostenerse a cualquier precio, aún al precio de la destrucción y la muerte. Nuestros ancestros legisladores no querían al procesado en función de gobierno, menos aún al condenado, y esa línea quedó plasmada en la Ley Orgánica 3001. Pero los mismos que se cansaron de violar la Constitución echaron mano a esa Constitución para considerase discriminados, por el principio de “inocencia”, con la complicidad de jueces amigos. Entonces lograron seguir en funciones aún procesados. Pero no bastó con eso: a Rossi lo condenaron y amenazó con “escribir un libro”. Entonces se sintieron con margen aún para más impunidad, dieron otra vuelta de tuerca y cambiaron la ley para que sólo fuera inhabilitado aquel funcionario con sentencia “firme”. No alcanza con ser sospechado, denunciado, procesado y condenado, no alcanza con el paso de 15 años desde la comisión del delito. Según la nueva “Ley Rossi”, pueden pasar décadas y el condenado seguir haciendo estragos en la sociedad cuya debacle es directamente proporcional al enriquecimiento de su caudillo. [b]Castrillón y Carlín[/b] Desde que se produjeron los robos hasta que la justicia falló pasaron casi dos décadas, y debido a la contundencia de los aportes periodísticos Rossi armó una contabilidad en la que debió reconocer que se quedaba con fondos reservados del Senado, pero a pesar de eso igual fue condenado porque no le alcanzó para explicar su crecimiento patrimonial. Se enriqueció con plata del pueblo que se empobrecía, y luego apareció no como el verdugo que era sino como benefactor, con planes sociales que pudiera traducir en votos. Llegada la condena, su aliado histórico, Busti, ordenó cambiar una ley para que Rossi no dejara la intendencia. Reino de impunidad. Ahora los recursos pasan meses cajoneados en la Justicia, y cuando el periodista le pregunta al juez, el juez pide misericordia porque “los tribunales están colapsados”. El mismo juez, Augusto Carlín, que pasó de legislador a juez como lo hizo Castrillón. Carlín como segundo de Domingo Rossi, Castrillón como segundo de Orlando Engelman... “Mientras el fallo no está firme, (Rossi) no debe renunciar. Si él presenta recurso de casación y se le concede, de ninguna manera, porque el fallo no está firme y Rossi tiene un compromiso con la comunidad que debe cumplir”, argumentó Busti. ¡Ah, si se comparara con el trato que le da a sus adversarios! Al gobernador le parece legítimo que Rossi se embolse los fondos reservados y mueva millones de dólares a nombre de su esposa y su madre, escondidos en bancos del Uruguay, hechos que sí están firmes y condenan firmemente a Rossi porque él mismo lo reconoció finalmente, después de haberlo negado en forma reiterada durante años. La interpretación caprichosa, amañada de la ley identifica al despotismo. [b]No más violencia[/b] El cinismo de Rossi genera violencia, y la sociedad no se puede permitir más violencia, hay que erradicar estas semillas de violencia porque cuando la violencia involuciona en agresiones físicas casi siempre las víctimas son los pobres y los inocentes, mientras los que la abonaron quedan para contar la historia, para inventar la “verdad”, en la que generalmente aparecerán como pobres víctimas. Rossi puede ser expulsado con la ley en la mano, y el gran triunfo sería desterrar al violento mediante la paz. Si quedara un mínimo de instituciones con un órgano sano, entre tanta enfermedad institucional que padece Entre Ríos, Domingo Rossi sería quitado de ese lugar como la ley manda. Su permanencia es una provocación y la sociedad no puede permitirse más provocaciones porque luego será tarde para lamentos. Jorge Busti y Domingo Rossi son una sola cosa. Ambos designaron al amigo y socio personal de Busti, Daniel Carubia, en el Superior Tribunal de Justicia. Ambos designaron al segundo de Rossi en la vicegobernación, Augusto Carlín, en el Superior Tribunal de Justicia, y ambos designaron a su aliado Emilio Castrillón, titular de la bancada oficialista en Diputados y con casi dos décadas de seguidismo leal, en el Superior Tribunal de Justicia. Son esos amigos-socios los que deben opinar ahora sobre los recursos presentados por Rossi, ¿habrán creído que los entrerrianos son verdaderamente estúpidos? [b]Los de siempre[/b] Asomaban los años 90. Hace de esto casi dos décadas. Los muchachos y las chicas que este año entraron a la universidad, entonces usaban pañales o pataleaban en el vientre. Entonces el gobernador era Jorge Busti y hoy sigue siendo gobernador, el vice era Domingo Rossi que ya había sido intendente de Santa Elena y hoy sigue siendo intendente de Santa Elena. El ministro de economía Mario Mathieu, hoy conduciendo la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y en Asuntos Agrarios Daniel Welschen, como hoy. Entonces todos menemistas, hoy kirchneristas. Ya se insinuaban las alianzas del PJ liderado por Busti con la UceDé, una unidad sólida que se fortalecería con el tiempo y que consumaría la privatización del frigorífico Santa Elena, la empresa provincial de energía, el banco provincial, la empresa aérea, el canal de televisión provincial, las telecomunicaciones (había una dirección provincial de telecomunicaciones con servicio estatales, además de otra empresa privada). Y los legisladores nacionales que salían de este ensamble neoliberal votaban las leyes nacionales de privatización o concesión del ferrocarril, el dragado y balizamiento, las rutas nacionales, YPF, y tantos etcétera como empresas estatales hubiera. Todos, sin una sola excepción, todos y cada uno de los pésimos negocios terminaron en una caída estrepitosa con grave daño a la economía provincial y a la población. Un cóctel de leyes de emergencia, privatizaciones, ingreso ilimitado de personal al estado, seguidismo de políticas nacionales, y corrupción a un extremo que supera la ficción, con sus secuelas de concentración de la propiedad y desaliento de expectativas, sumado a una vocación permanente de injerencia del poder en los medios masivos de comunicación y predisposición constante a la compra de conciencia de ricos y pobres, izquierdas y derechas, y el quintacolumnismo como estrategia, es la receta perfecta para que estos grupos políticos cuyo éxito personal es directamente proporcional al fracaso social, continúen en el poder y todavía quieran mostrarse como única opción. [b]Ni república ni libertad[/b] Tres valores históricos de los entrerrianos, edificados sobre la sangre de las luchas sociales centenarias, fueron sepultados en este proceso: la república, el federalismo, la libertad. Con los Castrillón en la Legislatura, la división de poderes ya olía a farsa. Con los Castrillón en la Justicia, la división de poderes se convirtió en un chiste. Hay una línea de burla que enhebra de punta a punta este proceso. Y otra línea de pragmatismo, que ha practicado la vasectomía y ligado las trompas a la otrora fecunda Entre Ríos: si Menem entablaba relaciones carnales con Estados Unidos, Busti le daba la empresa de energía a los empresarios yanquis. Si Kirchner tiene un amigo banquero, ¿a quién entregará el banco Busti? Pero la resistencia a la opresión de esta autocracia con máscara de democracia tiene hitos memorables. Los trabajadores del frigorífico, los ex obreros unidos en cooperativa, los ex obreros unidos para colonizar la estancia El Quebracho, las manifestaciones en la ruta, las denuncias valientes, la organización, han hecho historia en Santa Elena. Y cuando el poder parecía controlarlo todo, porque había erosionado todos los intentos de recuperación, apareció en escena un “loquito suelto”: Carlos Furman. Formado más en la calle que en la escuela, sin chapas y sin pelos en la lengua, se constituyó en un forúnculo para el poder establecido. Tuvo la audacia y la valentía de abrir el micrófono, y los santaelenenses que no se habían rendido empezaron a hablar, aún modificando la voz a veces para que el poder no descubriera el origen de la embestida y para no darles pastos a las bestias pagas por ese poder. Desde entonces sobrevinieron las trompadas en la calle, los balazos sobre la puerta de la casa de Furman, los panfletos con amenazas de muerte, la discriminación, las presiones sobre los propietarios de las viviendas que intentaba alquilar el periodista y sobre los comercios que ponían 30 pesos de publicidad en su programa. Ahogarlo, matarlo de inanición, doblegarlo era la consigna. Y Furman resistió como pudo, respondió como pudo, sobrellevó todo con entereza y no sin flaquear a veces, con la presión arterial que se le escapaba y los allegados que a veces preferían no saludarlo en la calle, para que Rossi no se enterara... Furman entregó su bienestar y su salud, perdió muchísimo en lo personal, soportó mucho más de lo que soportaría cualquiera, y logró abrir el espacio que la sociedad necesita para expresarse. En Santa Elena hoy uno puede gritar y que se escuche. El loquito Carlos Furman ganó la batalla en soledad. ¿Cuántos lo acompañarán en las batallas que faltan para completar la obra? Ayer abandonó el hotel Libertad, donde permanecía casi preso, encerrado para evitar las ofensas. Al cierre de esta edición, no tenía dónde vivir. Es el precio de la lucha contra el despotismo, compañero Carlos Furman. [b]El fantasma del frigorífico[/b] ¿Cuál será la mayor responsabilidad de la dupla Busti Rossi en Santa Elena: el control social a través de planes sociales, la condena a una clase media próspera a vivir (o morir) de dádivas, el bastardeo de los intentos de asociación de los vecinos para salir del fango, o sencillamente la destrucción de la principal fuente de trabajo, esas diez fábricas que constituían el frigorífico, cuando Entre Ríos tiene casi 5 millones de cabezas de ganado y faena casi 1 millón por año en otro lado? “El frigorífico Santa Elena será privatizado. Santa Elena volverá a manos privadas. Que nadie tenga dudas que este gobierno será custodio de la cristalinidad del proceso licitatorio y el pueblo entrerriano será testigo”, rezaba la solicitada firmada por el “Gobierno del Pueblo de Entre Ríos”. Corrían tiempos de alianza del peronismo con la UCEDÉ. “Es más, ayer cité al diputado Esnal para dialogar sobre este tema y otros vinculados a las privatizaciones que encarará la provincia”, decía el entonces gobernador Busti, primero entre los privatizadores a ultranza en el país. Era el mismo ucedeísta Idelfonso Esnal que asumiría luego como Fiscal de Estado de la mano de Busti, y que llegó a decir que los santaelenenses “prenderían fuego” el frigorífico, si supieran lo que le costó al estado. Lo que no quedó claro entonces es si sugería la misma solución para sus aliados, que tanto le costaron y le cuestan al estad, como lo reconocieron Rossi y Oscar Mori. Desde la privatización del frigorífico, Busti levantó cada corte de ruta, cada movilización, cada cubierta encendida, con una nueva mentira. Ya en su tercera gestión había trascendido un compromiso con Swift de liberarle el camino a los cortes Hilton, con un Santa Elena inmovilizado. Verdad o no, ya va por el tercer año y ha cumplido el supuesto compromiso con creces. Cuando la venta del Santa Elena, Busti respondía a los cuestionamientos con un argumento que hizo fama: la privatización tenía dos garantías, la continuidad de la fábrica y de la fuente de trabajo... Nada de eso era cierto, se comprobó luego. Santa Elena trabajó 16 meses en total, y se derrumbó, y el comprador, Constantini, le quedó debiendo casi 50 millones de dólares al estado que se convirtieron en 100 millones con multas. Pero una década después, cuando habían pasado ya decenas de mentiras menores y mayores sobre el Santa Elena, jugando con la candidez del puebo, y cuando se disponía a erosionar la extraordinaria organización cooperativa de los santaelenenses impulsada entre otros por el ex sindicalista Luciano Espinoza, Busti volvió a prometer que se entregaba el frigorífico a Sergio Taselli “con una cláusula de retroventa”. ¡Gran mentira enésima! ¿Cuál será la próxima? Fuente: Daniel Tirso Fiorotto de la redacción del Semanario Análisis.