| La justicia declaró “abstracto” el recurso de amparo presentado por la entidad gremial, ya que entiende que “no había cuestión para resolver, ni tema para tratar”, dijo a el secretario gremial de la entidad, Fernando Cañete, quien ratificó los cuatro días de huelga previstos por la entidad para febrero, “si el gobierno no formaliza una oferta que satisfaga los intereses del gremio”.
En diálogo con AIM Cañete explicó que el fallo de la justicia fue claro: “el gobierno dictó la conciliación obligatoria, Ajer la rechazó y presentó una medida cautelar. Los días de paro se hicieron tal cual estaba previsto y por eso la justicia entendió que no había nada que resolver”.
El sindicalista indicó además que “de todas formas, esperamos que el gobierno ensaye una salida al conflicto, tenemos 25 días por delante y creemos que se puede llegar a una solución, siempre y cuando desde el Estado se haga una oferta que satisfaga los intereses de los judiciales. La Ajer está dispuesta al diálogo”.
No obstante, dijo que mientras no exista esa oferta, el gremio cumplirá con los cuatro días de huelga previstos para el 1, 6, 7 y 8 de febrero.
Por las medidas que lleva adelante la Ajer, que reclama recomposición salarial, modificación del régimen de antigüedad y ampliación del presupuesto para la creación de cargos, la dirección de Trabajo provincial (DTP) dictó el 21 de diciembre pasado la conciliación obligatoria, que postergaba la huelga hasta el 19 de febrero.
El gremio rechazó esa conciliación y presentó un recurso de amparo, en el que advirtió que la DTP no está habilitada para arbitrar en el conflicto. “No tiene competencia y convoca a un sector que no tiene injerencia directa con nosotros, como lo es el ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos”, explicó Cañete.
Reiteró además que la conciliación obligatoria que dictó el gobierno es una acción "claramente intimidatoria" y por eso, el lunes 24 de diciembre se presentó un recurso de amparo, rechazando la acción del Estado provincial.
En concreto, Ajer insiste en que "la medida del gobierno de dictar la conciliación obligatoria, no corresponde porque no pertenecemos al plantel del Estado, pero además se ve ciertamente como una intimidación".
La justicia corrió traslado a la DPT y el organismo respondió el 28 de diciembre argumentando que es competente para llamar a conciliación, según estipula el acta acuerdo 17/ 2000, mediante cual la ministerio de Trabajo de la Nación le transfirió a Entre Ríos “todos los conflictos que allí existan”.
Con el fallo de la justicia, que declaró “abstracto” el amparo, el conflicto proseguirá hasta tanto haya una nueva oferta del gobierno que satisfaga al sindicato.
Fuente: AIM.
