Se realizan 1.500 abortos en un año en los hospitales

En 1996 un fallo del entonces juez Correccional y hoy secretario de Justicia, José Carlos Halle, autorizó a una mujer, Norma Escobué, a someterse a una operación de ligadura de trompas como mecanismo para evitar nuevos embarazos. Esa es la jurisprudencia más próxima que existe en la provincia, en tiempo y temática, a los dos casos que por estos días conmueven a la opinión pública: los abortos tramitados vía judicial para dos discapacitadas, en Mendoza y en Guernica, en Buenos Aires. En aquella sentencia, Halle opinó que el Estado “no debe determinar cómo deben actuar y vivir las personas para ser moralmente virtuosas”. Y dijo que la cuestión —Escobué, madre de siete hijos, tenía serios problemas de salud que ponían en riesgo su vida ante un nuevo embarazo— no enfrentaba la moral con el derecho y puso de manifiesto que la mujer poseía la libertad para que “no sólo no le impongan un estatuto moral (...) sino que, por el contrario, es nuestro deber jurídico garantizarle la posibilidad de decidir libremente su proyecto de vida personal, de permitirle gozar con plenitud de su juventud y de su sexualidad”. Luego no hubo casos similares, confirmó Arsenio Francisco Mendoza, defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que de ese modo negó que en la Justicia entrerriana exista jurisprudencia respecto a la autorización por esa vía para la práctica de abortos. De todos modos hay preocupación en el Gobierno respecto a cómo actuar en caso de que se diera un hecho de esas características. El secretario de Salud, José María Legascue, propuso al STJ un convenio de cooperación para que el organismo pueda acceder a la jurisprudencia existente en Entre Ríos en situaciones donde la práctica médica entre en colisión con la bioética. Desde el máximo organismo de justicia se dijo que en vez de convenio habrá una colaboración permanente, y para eso el STJ “remitirá a la Secretaría de Salud de la provincia, los principales fallos de los tribunales entrerrianos, vinculados con la bioética y el quehacer sanitario”. Se buscará así “acordar” cómo actuar ante los avances tecnológicos de la medicina “a fin de actualizar criterios, otorgando primordial respeto a la persona y su dignidad”. [b]Datos concretos[/b] Aunque no por la vía judicial, en Entre Ríos se realizan abortos, y muchos, aunque las estadísticas oficiales sólo reflejan una parte del fenómeno. En el primer cuatrimestre de 2006 hubo 522 en la red de hospitales públicos —si se proyecta estadísticamente, al año serían más de 1.500, sin considerar los que ocurren en las clínicas privadas—, una tasa del 6,22 por ciento sobre los 8.327 egresos producidos en ese período. Sonia Velázquez, directora de Maternidad e Infancia de la provincia, sostiene que los guarismos que se registran en Entre Ríos están “por debajo de las estadísticas nacionales, que son mucho más altas”, y llegan al 15 por ciento. Pero el médico tocoginecólogo Alejandro Helmi, director de Atención Médica de la Secretaría de Salud, ilumina otro costado del asunto: dice que hay datos ocultos, bajo la forma del subrregistro, y que los números oficiales no dan cuenta de todo el problema. “En abortos el subregistro es altísimo, de más del 50 por ciento, con lo cual a los datos oficiales que se conocen habría que multiplicarlo. Además, según cifras nacionales el 30 por ciento de la mortalidad materna es por abortos en Entre Ríos”, afirmó a El Diario. Helmi dice que hay dos “tipos” de aborto de los que toman cuenta los hospitales públicos: por un lado “el clandestino, que es el aborto que se hace en condiciones no ideales de asepsia, por personas no entrenadas, y que son los que llegan al hospital con un alto nivel de complicación infecciosa o hemorrágica, que condiciona la vida de la paciente”. También llega el otro, “el aborto espontáneo, sumamente frecuente en la vida reproductiva de una mujer, y es el que uno habitualmente ve en las guardias. En este caso, uno termina el proceso ya en curso expulsando el feto en forma quirúrgica, y ocurre antes de los tres meses de embarazo. Esto se hace en ambientes absolutamente seguros, en un ambiente hospitalario, con personal capacitado, y es el que uno registra”. De todos modos, el funcionario admite que el tema es vidrioso y que no siempre hay “denuncia” de un aborto por las complicaciones judiciales que ello implica. “Un aborto clandestino se registra cuando la paciente lo declara o cuando deriva en la muerte. Pero aún cuando no lo declare, uno lo puede suponer. Una paciente que se hizo un aborto clandestino demora para ir al hospital por temor a la denuncia. Y cuando va está en un estado clínico delicado, con un proceso infeccioso generalizado, que llamamos sepsis, que desencadena en la muerte generalmente”. Pero como no siempre ocurre así, dice Helmi, “en el tema de abortos Entre Ríos tiene subregistros muy altos. Cuando uno registra uno, sabe que han ocurrido tres más y que la paciente no ha consultado. Lo que vemos en los hospitales son los que se complican, no aquel que ocurre y no se complica”. [b]Un drama en cifras[/b] Cantidad de abortos por departamentos, datos producidos en el primer cuatrimestre de 2006: Colón 0 Concordia 84 Diamante 7 Federación 34 Federal 6 Feliciano 7 Gualeguay 1 Gualeguaychú 58 Islas 3 La Paz 40 Nogoyá 6 Paraná 163 San Salvador 8 Tala 9 Uruguay 50 Victoria 7 Villaguay 39 [b]TOTAL 522[/b] Paraná y Concordia encabezan los departamentos con más abortos. Desde Salud estiman un alto subregistro de casos que no se denuncian por temor de las involucradas a la posterior acción judicial. Fuentes: Análisis Digital/El Diario/ Ministerio de Salud y Acción Social.