CONFLICTO DOCENTE | El cónclave será en la sede de ATE. Se espera una fuerte discusión respecto de la continuidad de las protestas. Hay departamentos que impulsan la vuelta a las huelgas a partir de la próxima semana ante la falta de acuerdo salarial con el Gobierno.
El congreso provincial que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos convocó para hoy, a las 9, en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), podría pronunciarse por una agudización del conflicto en las escuelas, después que la Justicia ordenara, el martes último, levantar el paro de 48 horas dispuesto para esta semana tras un amparo presentado por un grupo de padres de alumnos que asisten a la Escuela Nº 202 Gaspar Benavento.
Los maestros han cumplido, en lo que va del ciclo lectivo 2007, un total de 12 días de huelga —con los dos días de protesta que la jueza laboral María Gabriela López Arango obligó a suspender, hubiesen sumado 14—, y el malestar parte de la falta de entendimiento con el Gobierno respecto de la pauta salarial. El Poder Ejecutivo dispuso aplicar una suba que llevó el mínimo garantizado de 1.040 a 1.108 pesos a partir del 1º de agosto, y no de julio como se había previsto inicialmente, lejos de los 2.400 pesos que reclaman los docentes.
Ayer, un grupo de maestros de Paraná recorrió la Peatonal San Martín y expuso el porqué del malestar: señalaron que un maestro con un mes de antigüedad percibe hoy un ingreso de 1.040 pesos de bolsillo, mientras que otro con 25 años en la actividad gana “sólo un 30 % más”, 1.355 pesos. “El Gobierno propuso elevar los 1.040 pesos del docente inicial a 1.108 pesos, con los mismos criterios de liquidación actuales. Esto significa que un docente, luego de 25 años de trabajo, al jubilarse cobraría 1.100 pesos”, protestaron.
La insatisfacción entre los docentes se potenció tras el fallo de la jueza López rango, que los obligó a levantar las medidas de fuerza. Pero como en Agmer entienden que el mandato judicial sólo alcanza los paros ya resueltos, varios dirigentes anticipaban que hoy el congreso sindical mantendría una postura conflictiva: así, se espera que la próxima semana se profundicen las medidas de fuerza en las escuelas.
Sin que el Gobierno haya podido destrabar el conflicto —primero, dispuso el descuento de tres días de paro, medida que castigó con más dureza a los directores de escuela, y después divulgó la decisión de convocar a “maestros alternativos”, una figura que no encaja en el Estatuto del Docente— fue la Justicia el órgano que puso freno a los paros en las escuelas de la provincia. La titular del Juzgado Laboral Nº 3, María Gabriela López Arango, consideró “irrazonable e ilegítima” la medida de fuerza “frente al derecho de los educandos”, e hizo lugar al reclamo de Analía Maricel Belbey y Claudia Fabiana Márquez, padres de alumnos que concurren a la Escuela Gaspar Benavento.
De modo pues que la magistrada ordenó a los sindicatos docentes levantar el paro de 48 horas previsto para ayer y hoy en la provincia, e impuso al Consejo General de Educación (CGE) el mandato de “garantizar el normal dictado de las clases en dichas jornadas lectivas y el derecho de aprender de los menores, para lo cual debe arbitrar todos los medios que fuere menester para el cumplimiento de la presente medida”. Al respecto, sostuvo que “la persistencia en estas medidas, que significa que prácticamente se dicten en un período de 20 días sólo un porcentaje cercano al 50 % de las clases que corresponden dictarse en ese período, torna la medida irrazonable e ilegítima”.
Luego, se permitió López Arango una lectura del reclamo docente, y sostuvo en su fallo que la pretensión de llevar el mínimo de bolsillo a 2.400 pesos, “sin merituar la procedencia o no del reclamo que como expresara excede ampliamente la vía del amparo, es un elemento más que se proporciona para analizar la razonabilidad de la medida de fuerza, que me llevan a la convicción de que el plan de lucha presentado por las entidades gremiales es sumamente agresivo”.
Ayer, el abogado laboralista Carlos Fenés analizó el fallo de López Arango y consideró que “tenemos una sentencia por lo menos renga” ya que decisión de la jueza fue “muy rápida y contundente intimando a los gremios a levantar la medida de fuerza” pero no actuó de la misma manera con el Consejo de Educación. También señaló que la magistrada debió declarar la ilegalidad de la medida si consideraba “desmedida” la pretensión salarial de los docentes.
En declaraciones a APF, el letrado sostuvo que “la jueza no hizo lo que prometió que iba a hacer porque acá no está armonizando los dos derechos, el de huelga y el constitucional de enseñar y aprender sino que maximiza uno de los derechos y frustra el otro. Se está instalando un conflicto artificialmente en la sociedad porque en realidad no hay un conflicto y si fuera así, son dos derechos que no están en el mismo plano”.
Sin embargo, no todos los docentes acataron la resolución judicial —que alcanzó a Agmer, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión Docentes Argentinos (UDA)—. Concordia fue uno de los puntos de la provincia donde el levantamiento de la medida de fuerza fue “dispar”, según reconoció el dirigente Miguel Stecbanier. “Sostenemos la idea de que no hay que acatar el fallo judicial y mantener el conflicto en las escuelas”, señaló, en diálogo con El Diario.
A su vez, Walter Sirtori, secretario general de la seccional Federal de Agmer, planteó la necesidad de que el congreso de hoy se exprese con un plan de acción “más duro” que exprese el malestar de los maestros ante el irresuelto conflicto salarial en la provincia. “Y la resolución que se adopte debería tomarse con la salvedad de que en caso de que haya otro fallo de la Justicia como el de ahora, los docentes podamos cumplir el paro en las escuelas».
César Baudino, secretario de Organización de Agmer provincial, evaluó que el congreso docente que deliberará en ATE va a tener que “ratificar el plan de lucha, y esta vez con más profundización. Me parece que ya hay que hablar de una huelga de una semana, porque el conflicto no se soluciona. Los docentes están pidiendo que haya instalación de una carpa frente a Casa de Gobierno y de asambleas en los lugares de trabajo”, sostuvo.
El dirigente se mostró contrariado con el fallo de la jueza López Arango porque, entendió, «se está avanzando a una reglamentación del derecho de huelga que no sólo afecta a los docentes, sino a todos los trabajadores. Además, estamos frente a una justicia clasista: una jueza que gana un sueldo de 10 mil pesos falla en contra de docentes que cobran un salario de 1.000 pesos”.
Fuente: El Once Digital.
