SEGÚN VALIERO EL IAPS NO TIENE DESEQUILIBRIOS

Tanto el contador Diego Valiero como Jorge Raúl Otegui, titular de la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero, creen que los activos y el patrimonio del IAPS son sólidos, por lo que no hay que preocuparse, y que sólo se trata de una necesidad de mayores reservas producto de los cuantiosos juicios. Consultado el ministro si está preocupado por el último resultado del Instituto del Seguro, respondió. “Hay que distinguir varias cuestiones. Nosotros hemos tomado conocimiento en lo que respecta al resultado de la empresa. En esta situación hacemos el análisis de la empresa patrimonialmente y vemos que hoy tiene un patrimonio de 15 o 16 millones de pesos, y encontramos al 30 de junio de 2007 en 15.443.000 de pesos el resultado del patrimonio neto, como consecuencia de activos por 96 millones de pesos, y pasivos de 81 millones de pesos. Hemos recibido también la información de la presidenta del Instituto referida a los estados de resultados, donde sí vemos que el ejercicio ha sido 14.703.000 negativo”. A su vez aseguró que los 17 millones de capitalización algunos meses atrás “está incluido en el patrimonio. El problema radica en que como consecuencia de normativas de la Superintendencia debe hacerse una mayor previsión por riesgos de los siniestros. La resolución 82.201 es la que impacta mayormente en lo que hace la situación del Instituto. Entonces antes ese planteo particular, el Gobierno decidió solicitar una audiencia en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)”. Esta resolución “exige mayor previsión, no quiere decir que tengas pérdidas porque tengas salida de dinero”, señaló, al tiempo que indicó la variable que utiliza la SSN para determinar esta previsión: “Impacta en el caso de Entre Ríos porque la medición del INBR (siniestros ocurridos y no reportados. Aquellos que se producen durante la vigencia de la póliza pero que se conocen con posterioridad a la fecha de cierre del período contable) tiene como método de calculo la influencia de los últimos diez años de los siniestros, donde se aplica una matriz de cálculo para determinar con este concepto cuál es este mayor pasivo o mayor previsión. El problema es la historia de los juicios pendientes”. Sobre la cantidad de juicios, 1.680, precisó que “en cuanto a cantidad tenemos el mayor impacto en 2003 y 2004, hay 215 juicios. Sólo el 41 % corresponde a juicios generados durante esta gestión, todo el resto corresponde a gestiones anteriores. Nosotros no tuvimos participación en el balance, sino que lo analizamos. Comenzamos el estudio y decidimos ir a la Superintendencia para que alguien del Poder Ejecutivo tenga contacto para ver si había alguna factibilidad para que esta resolución no se aplique al Instituto, porque es estatal. Nos dijeron que no, que era universal y había que atenerse a esta normativa y lo hacían en pos de mejorar la calidad del sistema. Sin embargo, entendían la problemática que se había planteado para el caso del Instituto”. Ante la pregunta de cuál sería el resultado del balance si no existiera esta resolución, contestó: “Sería similar al del año pasado, que estuvimos 433.000 pesos positivos. Esto hay que saber leerlo. Nosotros tenemos una situación de las inversiones por 17 millones de pesos —títulos públicos, acciones, plazos fijos— que son activos de los cuales se puede salir en el corto plazo. Distinto sería si tuviéramos una composición patrimonial donde tuviéramos inmuebles inmovilizados. Tiene activos que los tuvo que invertir, en el largo plazo de 600 mil pesos y en el corto plazo tiene activos para poder responder a los siniestros que van ocurriendo. No conozco que haya reclamos por incumplimiento”. Consultado los motivos de porqué solicitan 17 millones y ahora vuelve a tener un pasivo de 14, explicó: “En ese momento, cuándo se hizo la capitalización, se realizó una evaluación del impacto de la resolución de cerca de 18 millones de pesos. Pero fue una estimación, no estaba cerrado el número y luego se vio que era mucho mayor la necesidad. La realidad demostró que era mucho mayor la necesidad para cubrir este concepto”. “Para atender el IBNR era necesario un concepto mayor al pedido. Para dar una idea, en el pasivo el IBNR llegaba a unos 18 millones de pesos en el actual resultado contable. La capitalización hacía mención a ese concepto y cubrir otras exigencias de capitales mínimos, de allí que hay diferencias en las necesidades de capital. Son resultados técnicos, la gente puede quedarse con un concepto como que perdió, pero en realidad no tiene en caja. Es un problema financiero”, añadió. Y agregó: “La mayoría de las empresas tienen resultados técnicos negativos. Lo que pasa es que a los resultados financieros, sobre todo las grandes compañías, compensan esos resultados técnicos negativos y hacen que resultado final termine siendo favorable. Las grandes compañías tienen resultados positivos y liquidez y con ello hicieron buenas inversiones, cualquier balance de resultado tiene una estructura técnica y una estructura financiera. La parte técnica es producto de la explotación de seguros, pero sus activos que los tienen colocados le generan determinadas rentas. Acá está el resultado de distintas compañías, y así como el Instituto tiene un resultado técnico negativo en 16 millones, Sancor tiene 33 millones, la Segunda tiene 53, y Federación Patronal más de 100, pero después terminan compensando. Ahí está el problema”. “Tenemos que enfocar a que la gestión del Instituto, que tiene que estar buscando fuera de algunas cuestiones internas del gobierno. La Superintendencia nos planteaba tener más en cuenta la cuestión agrícola, porque por ejemplo si un campo no tiene seguro contra granizo después el Gobierno tiene que dar subsidios. Ellos vieron bien cuando salimos del mercado de Buenos Aires”, indicó. Y añadió: “Nuestra conclusión es que con este resultado negativo todavía tenemos un problema hoy, y seguro tiene un patrimonio neto positivo, es un problema de resultado negativo. Hoy es mayor la exigencia en reservas de lo que tenía normalmente”. Sobre la propuesta de la presidenta de un fondo fiduciario, aclaró: “No es que lo proponga ella. Es una de las alternativas que se está manejando. Existía la posibilidad de tomar un año x con una reserva de tantos pesos, los juicios que están en ese año x son 50, por ejemplo. Nosotros tenemos que hacer que el Instituto se desprenda de las reservas por x pesos y lo manda a un fideicomiso, y también manda a ese fideicomiso, o entidad x, los juicios. De esta manera el Gobierno se sacaba juicios”. Al respecto, dijo que es una transferencia directa de pasivos al Estado “con el activo que tiene. Para hacer eso hay que hacer una ley, siempre pensando en sanear la empresa, que son los que impactan sobre los balances. Sacar uno, dos o tres y enviarla a un ente estatal, que es lo más sencillo. Es decir que ese ente iba a tener, por ejemplo, los activos y reservas por 5 millones de pesos, y con eso iba a tener que pagar estos juicios. Habrá que discutir una ley y ver cómo liberar al Instituto. Acá hay que poner plata, la misma que hay que poner allá. ¿Se entiende?, pero tenemos una empresa con balances saneados sin juicios viejos que la afecten”. Ante la suposición de que, eliminando juicios tendría balances saneados con menos necesidad de encaje, explicó: “El Instituto tiene fondos activados y el Gobierno le está pagando los compromisos de la ley, en plazos, pero si había un compromiso de pagar cuatro cuotas y vamos a pagar tres cuotas seguros. Financieramente no necesita fondos. En la medida que los siniestros se sigan pagando, quizá sean necesarios nuevos compromisos, pero no tienen que desembolsarse ya”. Por último, ante la pregunta de si no va salir fondos del Estado para cubrir este desfasaje, aseguró: “No es una cuestión de inyectar fondos. Esto no quiere decir que no haya una estrategia de gobierno que determine el Instituto para competir mejor y necesite dinero para brindar mejor sus servicios”. Fuente: APF.