Senadores dio media sanción a un proyecto de ley que defiende l

La sesión fue presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, Raúl Taleb, fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos el pedido para que Rubén Chaia sea nombrado agente fiscal de la Fiscalía 2 de Gualeguaychú, el expediente que propone a Fernando Lombardo como agente fiscal Nº 1 de Concepción del Uruguay y el pedido para que Ezequiel Dumón sea nombrado defensor de pobres y menores de Gualeguaychú. Por otro lado, por pedido del senador Osvaldo Chesini se trató sobre tablas y fue aprobado por unanimidad, un proyecto de declaración de interés legislativo de la quinta marcha que realizarán los asambleístas de Gualeguaychú al Puente Internacional General San Martín el 26 de abril desde las 13. “Esta marcha tiene características únicas”, enfatizó el legislador, quien convocó a sus pares para la movilización. “Me han pedido desde la Asamblea Ambiental la presencia de los señores senadores, es importante que participen”, destacó. Por otro lado, recibió media sanción un proyecto de ley del senador Carlos Garbelino por el que se crea “un fondo específico con destino a proveer y mejorar la estructura edilicia de las escuelas de islas en el departamento Victoria y, con el mismo, dotarlas del equipamiento necesario para un adecuado funcionamiento”. La iniciativa indica que este fondo es independiente de los recursos que se asignan a los establecimientos desde el Consejo General de Educación (CGE). El senador detalló que hay 11 establecimientos que serían beneficiarios. “Entre ellos dos son escuelas que si bien están en territorio entrerriano, son parte del sistema santafesino y el año próximo pasarán a nuestra jurisdicción. Son escuelas que están en zonas inhóspitas”, puntualizó. En tanto, quedó reservado en Secretaría, para ser tratado en la próxima sesión con o sin despacho de Comisión, el proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados que apunta a prohibir que “en todas las islas existentes sobre el río Paraná y sus adyacentes, ubicadas dentro la jurisdicción provincial en el área que comprende el delta entrerriano, sean objeto de actividad agrícola de siembra de trigo, maíz, soja, lino, arroz, girasol, sorgo y forraje para pasturas y todo otro tipo de semillas que conlleven el agregado de agroquímicos de efecto residual”. El pedido de reserva fue hecho por Garbelino. Su par, Oscar Arlettaz anticipó que por la importancia del tema, será tratado la semana próxima en comisión y tendrá despacho antes de la próxima reunión plenaria. Esta noche también se aprobó un proyecto de declaración del senador Santiago Gaitán, en el que se manifiesta la necesidad de generar un sistema de control de los fondos que, por la adhesión de la provincia a los alcances del Decreto 206 del gobierno nacional, comenzarán a llegar a la provincia y serán distribuidos entre municipios y Juntas de Gobierno. El legislador explicó que esta declaración es previa a la presentación de un proyecto de ley que crea una bicameral de seguimiento. “Somos necesarios para aprobar cosas, pero cuando se presentan los logros de las autorizaciones emanadas de esta Legislatura, se olvidan de lo hecho aquí”, remarcó. Finalmente, los senadores dieron media sanción a un proyecto de ley impulsado por César Melchiori en defensa de la vivienda única, que tiene por objeto “establecer el procedimiento para practicar la liquidación del monto total adeudado, en todos aquellos procesos judiciales en que se vaya a rematar un inmueble que constituya vivienda única, familiar y de ocupación permanente del deudor con la finalidad de saldar la obligación, sea cual fuere el origen de la misma”. En su exposición, dijo que “bajo ningún punto de vista este proyecto va contra la potestad de la legislación dictada por el Congreso nacional, pero intenta corregir asimetrías y generar una acción justa que ponga límite al lucro desmedido”. A la vez reafirmó que se trata de un mecanismo que “busca permitir que aquellos que tienen voluntad de pago, puedan realmente hacerlo en condiciones justas”. El proyecto indica que lo que se propone es “de orden público” y excluye del procedimiento propuesto “los créditos de naturaleza alimentaria, los derivados de la responsabilidad por comisión de delitos penales, créditos laborales y los causados en la responsabilidad civil”.