| Entre las principales objeciones mencionan los criterios arbitrarios de asignación de refuerzos para algunas pocas casas de estudios, en el 2009. El responsable de la UNER, Eduardo Asueta, y el de la UNL, Albor Cantard, se pronunciaron al respecto.
Hace once años los rectores de las 39 universidades públicas agrupados bajo la denominación de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) vienen tratando temáticas y problemas ligados a la educación superior. Entre otras cosas, en el transcurso de este tiempo diseñaron un Modelo Objetivo de Distribución Presupuestaria que en el 2003 encontró -a través de un Acuerdo Plenario- el consenso necesario para ser aplicado a todos los futuros incrementos presupuestarios.
Fueron el propio CIN y el Ministerio de Educación -por intermedio de la Secretaría de Políticas Universitarias- los que participaron con su cuerpos técnicos en el diseño de un Modelo de Asignación que utiliza pautas objetivas, así como también el Congreso de la Nación, ya que en distintas oportunidades la Ley de Presupuesto establecía la necesidad de adoptar un modelo que lleve equidad en su distribución.
Para arribar a ese modelo de distribución, se contemplaron muchas variables para la distribución presupuestaria, tales como propuesta académica, duración de las carreras, complejidades de cada asignatura, nivel de actividad académica, cantidad de estudiantes que cursan las asignaturas, rendimiento académico, troncalidades de las carreras, entre otras.
Tras la sanción del Presupuesto 2009 y otras medidas nacionales que significan aportes para unas universidades nacionales y no otras, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Eduardo Asueta, salió a cuestionar los criterios de reparto de fondos para la educación superior y a denunciar la histórica y desigual distribución presupuestaria, que una vez más desconoce estos antecedentes y acuerdos para la aplicación de un modelo de distribución más justo, sin favoritismos políticos de por medio.
“El modelo de pautas objetivas de distribución presupuestaria sólo se aplicó a sumas marginales provenientes, en la mayoría de los casos, de refuerzos presupuestarios para gastos de funcionamiento, asignaciones que no han cambiado su perfil de desigualdad. A finales de este 2008 se generan dos hechos que agravan aún más esta situación: la sanción de la Ley de Presupuesto 2009 (Planilla B Anexa al Art. 12) y la resolución de Jefatura de Gabinete de Refuerzo Presupuesto 2008”, objeta, para enseguida explicar que los montos que figuran para cada universidad “se aplica el Modelo de Pautas, pero se modifican arbitrariamente los resultados de su aplicación para la determinación de los montos presupuestarios de 10 universidades, distorsionando los resultados”.
En efecto, las universidades que reciben estas sobre asignaciones son: Universidad Nacional de Rosario (cinco millones de pesos), Universidad Nacional de la Matanza (cuatro millones de pesos), Universidad Nacional del Chaco Austral (tres millones de pesos), Universidad Nacional de Misiones (dos millones de pesos), Universidad Nacional del Litoral (dos millones de pesos), Universidad Nacional de Formosa (un millón de pesos), Universidad Nacional de Chilecito (un millón de pesos), Universidad Nacional de Tres de Febrero (un millón de pesos), Universidad Nacional de Lanús (600 mil pesos), Universidad Nacional de Jujuy (400 mil pesos).
Asimismo, en respuesta a la solicitud del CIN de reforzar los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales para atender las necesidades del corriente ejercicio, se dicta una Resolución de Jefatura de Gabinete que asigna la suma de 126 millones de pesos para ser distribuidos entre las instituciones demandantes. Se anexa además, una planilla en la que se detallan los montos que corresponden a cada universidad según la resolución de Jefatura de Gabinete, lo que hubiera determinado la aplicación del modelo de Pautas Objetivas y las diferencias que se producen afectando o beneficiando a cada institución.
En uno de los párrafos más duros del documento emitido por el rector Asueta, se lee en números concretos, los privilegios otorgados a unas universidades y la discriminación sufrida por otras: “Las distorsiones que se observan entre la Resolución y lo que correspondería mediante la aplicación del Modelo de Pautas Objetivas, generan incomprensibles desigualdades, ya que le otorgan a la Universidad Tecnológica Nacional 494,55 por ciento más del monto que le hubiera correspondido, a la Universidad de Buenos Aires un 127,83 por ciento más y a la Universidad La Patagonia San Juan Bosco un 10,32 por ciento más, mientras que en sentido contrario se castiga al resto de las universidades nacionales, perjudicándolas al asignárseles un refuerzo que está un 83,42 por ciento por debajo de lo que legítimamente les hubiera correspondido”.
El responsable de la UNER lamenta el desconocimiento de este modelo acordado que supone “previsibilidad, transparencia y en definitiva, que consolida un auténtico Sistema de Educación Superior como un factor estratégico para la incorporación de la Argentina en la sociedad del conocimiento, tal como nos demanda el nuevo siglo XXI. Debemos desterrar el juego de las influencias o favores políticos como factores determinantes del financiamiento propio en detrimento del resto de las instituciones públicas de educación superior”.
Fuente: El Once Digital.
