Uribarri dispondrá el destino de vehículos incautados

La Asamblea Legislativa rechazó el decreto del gobernador Jorge Busti a la ley que pasa la potestad de decidir el destino final de los vehículos incautados por la Justicia del Poder Judicial al Ministerio de Gobierno, con el voto de los senadores justicialistas, de algunos diputados de ese partido (la mayoría no asistió y permaneció en la reunión de bloque), de los senadores radicales Luis Luna y Graciela Zambón, mientras que los diputados de la UCR y los representantes del Nuevo Espacio no bajaron al recinto. Esta norma ahora nuevamente ratificada, le confiere al Ministro de Gobierno, Justicia, Educación y Obras Públicas el depósito de los vehículos secuestrados por la Justicia en un plazo no mayor a los 10 días de requerido y la faculta de definir su destino. “Le compete - prescribe la norma - a este Ministerio otorgarle el destino final siempre en carácter de depósito que será bajo la responsabilidad del Estado”. Los vehículos afectados “deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de la función que compete al Poder Ejecutivo, sus Entes Autárquicos, Descentralizados, Municipios y/o Juntas de Gobierno, Poder Legislativo, Judicial, entes con personería jurídica de bien público y sin fines de lucro”, aclara. El Ejecutivo había considerado “ilógico” la modificatoria, y centró los cuestionamientos que motivaron el rechazo en que la reforma que se pretendió introducir “no es de naturaleza penal”, en tanto “el instituto del secuestro prevé ‘recoger’ o ‘incorporar’ un objeto o cosa relacionada con el delito, (a) las sujetas a decomiso o las que puedan servir como elemento de prueba en el proceso penal, el instituto del secuestro es un acto de compulsión que emana del Juez y que se deriva de principios básicos que nutren el concepto de acción penal, y que van dirigidos al esclarecimiento de un ilícito”. Pese a los argumentos expuestos en el decreto, la Legislatura avanzó con el texto original de la iniciativa, que tuvo sanción definitiva el 2 de marzo pasado, y que había generado fuertes críticas por parte del Superior Tribunal de Justicia, órgano con el que el Ejecutivo mantiene una tirante relación. El vocal del Superior, Carlos Chiara Díaz, afirmó a Apf que hasta ahora “el artículo 233 ha sido siempre bien aplicado”y que “los jueces de instrucción, fiscales, defensores, policía, el servicio penitenciario, todos han tendido una aplicación cabal, incluso se ha llegado a la posibilidad de que cuando estos vehículos no están susceptibles de ser entregados en depósito, pueden ser eventualmente rematados”, manifestó. Hasta ahora, el artículo expresaba: “Los vehículos desde cuyo secuestro haya transcurrido un plazo de tres (3) meses sin que hubiere mediado reclamo de parte de los propietarios y siempre que se encuentre acreditado en la causa que se han practicado las medidas tendientes a su individualización y notificación, podrán ser solicitados en depósito al Juez o Tribunal únicamente por algún representante del Ministerio Fiscal o Pupilar, u otro funcionario habilitado de un Organismo Judicial debidamente autorizado por el Superior Tribunal de Justicia o por un representante de un Organismo Público del ámbito del Ejecutivo, sus Entes Autárquicos, Descentralizados, Municipios y/o Juntas de Gobierno”. Con la reforma se agrega la posibilidad de que los vehículos pasen a manos de entidades privadas de bien público. Esta es la primera oportunidad en que la Legislatura reunido en pleno le rechaza a Busti un veto. La anterior oportunidad en que fue convocada, en agosto pasado, fue para tratar la negativa del Ejecutivo a una ley que regularizaba la situación de las amas de casa que no habían aportado al sistema y habían quedado marginadas. En aquella instancia, ante la no concurrencia de los legisladores oficialistas a las tres Asambleas, el veto quedó firme. En paralelo, se conoció un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de una ronda de consultas realizada por diario La Nación entre autoridades de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), se desprende que en diversas provincias existe un continuo avance del poder político sobre el Poder Judicial. Al respecto, el presidente de la Asociación de Magistrados, doctor Alberto Seró, manifestó que “siempre que hay algún amago o alguna declaración que pretenda menoscabar la independencia del Poder Judicial hemos salido a contrarrestar esos ataques. Y gracias a ello podemos tener hoy en día este momento de tranquilidad institucional”.