VALIERO REFUTÓ DECLARACIÓNES DE LEGISLADORES RADICALES

El informe comienza especificando que el Bersa es una entidad creada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 838/02, que autoriza al Banco de la Nación Argentina a integrar el 99 % de las acciones y el 1% restante a cargo de la Fundación del Banco de la Nación Argentina. “El estado provincial no tiene ninguna participación en el capital de la entidad”, destaca el ministro. Enseguida se expresa que el decreto mencionado dispone, en su artículo 4º, que el Banco de la Nación Argentina deberá realizar lo necesario a fin de administrar, estabilizar y proceder a la venta de su participación accionaria, en el menor tiempo posible. En éstos términos, el Banco de la Nación Argentina, convocó a un primer llamado público para recibir ofertas, conforme a los términos de un Pliego de Bases y Condiciones, para la venta de la totalidad de acciones de su titularidad en el capital social del Nuevo Bersa y, pese a que hubo diversos interesados que adquirieron el pliego, éste llamado fue declarado finalmente desierto por falta de oferentes. En este marco, la entidad bancaria nacional dispone convocar a un nuevo llamado público, resultando como oferta preferida y preadjudicatario el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. en fecha 15 de Junio próximo pasado con una oferta económica de $172 millones de pesos. Sobre la venta del paquete accionario del Bersa, en el informe elaborado por Economía se establece que fue realizada, por el titular de las acciones -el Banco de la Nación Argentina-, a través de dos licitaciones públicas y es el resultado de las ofertas presentadas por los interesados en su adquisición. “De acuerdo a los valores actuales de las bases de cálculo, fijadas en el proyecto de convenio, la retribución mensual alcanzaría un valor aproximado a 980.000 pesos finales (con IVA incluido), según el contrato de Agente Financiero del Gobierno de la provincia. Es decir que no incluye a los Gobiernos municipales ni corresponde incluir en el análisis de éste convenio los acuerdos y condiciones particulares que puedan alcanzar con el Bersa los distintos municipios entrerrianos”, dice textualmente el escrito. En otro tramo, explicita que la tarjeta Sidecreer, el Instituto Autárquico Provincial del Seguro y la Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa), podrán suscribir convenios específicos que regulen la prestación de servicios que requiera su operatoria, no estando incorporados en la retribución proyectada, al igual que los convenios firmados con anterioridad. “No es correcto manifestar que el Bersa tenga doble ingresos, la retribución del agente financiero es calculada de acuerdo a tres parámetros a considerar: coparticipación de impuestos nacionales, recaudación de impuestos provinciales y pago de haberes a los agentes activos y pasivos provinciales”. Párrafo aparte, se destaca que los municipios siempre tuvieron habilitadas cuentas en el Banco a través de las cuales se les efectúan las acreditaciones por coparticipación nacional y provincial de impuestos. Respecto a los proveedores, contratistas y beneficiarios del Estado provincial, lo que se establece en el convenio es la necesidad de poseer una cuenta bancaria cuando el Gobierno disponga el pago a través del sistema de acreditación en cuenta. En el caso de las Ongs y entidades de bien público, el informe de Economía precisa que la necesidad de habilitar una cuenta corriente es para aquellos casos que reciban fondos por subsidios o transferencias periódicas de la provincia. Situación similar a la contemplada en el convenio anterior. “En ambos casos, por el sólo hecho de recibir un cheque del Gobierno no están obligados a abrir una cuenta corriente”. En cuanto a la disponibilidad de un Código de Descuento por Bersa en recibo de sueldos, para el cobro de préstamos personales para agentes activos y pasivos provinciales, el proyecto de convenio establece que el mismo se limitará a un porcentaje máximo del haber neto, luego que sean descontadas las retenciones de ley y posibles embargos judiciales. “No existe prioridad Nº 1 y se mantiene el porcentual otorgado a Sidecreer”, asegura el ministro Valiero en el escrito. Por otra parte, se indica que dentro de los compromisos que asume el Agente Financiero, se establece que en el término de dos años se habilitarán dos centros de pagos, se brindarán facilidades especiales de recaudación de impuestos y pago de haberes en determinadas localidades, se habilitarán tres nuevos cajeros automáticos. “Todos estos requerimientos producto de las deficiencias y la falta de cumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio de Agente Financiero suscripto por el anterior Gobierno provincial”, agrega. Además, se obliga a no cerrar sucursales y/o agencias, mantener al día el pago de las obligaciones laborales y previsionales de todos sus empleados; preveer en las fechas de vencimientos de impuestos un incremento de las cajas recaudadoras y/o extensión de horarios de atención al público, como también mantener actualizada la tecnología para la prestación del servicio. Respecto al pago de haberes, el informe explica que el convenio establece lograr una mejora permanente en el nivel de disponibilidad de los cajeros automáticos de la red, designar como director titular del Bersa a la persona que designe la provincia. En este sentido, define estas cuestiones como de “absoluta trascendencia para la prestación de los servicios y mantenimiento de la entidad”. En otro aspecto, se manifiesta que el plazo del convenio no se duplica respecto del anterior, el cual preveía una duración de siete años. “Por el contrario, el proyecto actual establece un plazo de 10 años”. “No se exime al banco del Impuesto a los Ingresos Brutos, Aporte Patronal Ley Nº 4035 ni tampoco del Impuesto a la Capacidad Prestable, como si fuera eximido en el anterior convenio firmado en fecha 13 de Noviembre de 2001. En el proyecto de Ley se prevé solamente excluir de la base imponible del impuesto a los Ingresos Brutos la retribución que reciba el Agente Financiero por los servicios del contrato”. Finalmente, el proyecto reitera que el convenio prevé, a través de un organismo especial, la instrumentación de un mecanismo de control y/o fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como así también la aplicación de sanciones para los incumplimientos que puedan generarse.